En pleno Jirón de la Unión, Guillermo Gonzales Arica va a la caza de un otorongo. Los pistoleros que lo acompañan le ayudan a derribarlo y el cercano colaborador del ex presidente Alejandro Toledo posa triunfante con el pie sobre el “cadáver” del felino amazónico.
La campaña de “Willie” responde a la reputación del Congreso, casi siempre en las catacumbas de la percepción ciudadana desde el autogolpe de 1992. Y cada vez peor.
Son pasto de titulares los congresistas “comepollos”, algún violador, las vedettes y los tránsfugas. Hay quien tiene un familiar con burdeles. También jefes de empleados fantasmas y cobradores de “cupos” forzados a quienes no lo son. Si nos quedamos con esas impresiones, la fauna parlamentaria refleja un país que habría que clausurar. Porque se supone que el Congreso es el reflejo de la sociedad que lo elige.
“En Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Austria no hay inmunidad parlamentaria. Propongo que los congresistas tengan inmunidad solo para sus opiniones”, señala Gonzales Arica, que tiene listo un “Gran Combo anticorrupción” y está a la caza de 40 mil firmas para presentar el proyecto. “Pienso que sí hay que proteger a los congresistas que hacen investigaciones y protegerlos cuando emiten opiniones”, aclara.
Según la ley actual, el parlamentario no puede ser detenido ni sometido a juicio por delitos comunes sin la autorización previa del Congreso sobre el levantamiento de su inmunidad. Este privilegio constitucional se extiende desde que el parlamentario es elegido hasta treinta días después de que culmina su mandato.
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